Según una encuesta, la mitad de los españoles está a favor de la cadena perpetua

AGENCIAS / MSR-INFO / WOLF

Un 51% de los españoles se muestran de acuerdo con la implantación de la pena de cadena perpetua, siempre que sea revisable, mientras que un 31% la impondrían sin condiciones, según se desprende del primer Barómetro del Observatorio de la Actividad de la Justicia, elaborado por la Fundación Wolters Kluwer y Metroscopia, con la colaboración del despacho de abogados Garrigues y Banesto.

El estudio, presentado este martes por el director del Observatorio de la fundación, el juez Enrique López, se ha llevado a cabo a través de 1.200 entrevistas telefónicas realizadas a personas mayores de 18 años. Uno de los aspectos en los que se ha evaluado la opinión de los españoles ha sido una posible implantación de la cadena perpetua, medida reclamada por los padres de la menor sevillana Marta del Castillo, fallecida supuestamente a manos de su ex novio.

Por otra parte, las penas establecidas por delitos de terrorismo con resultado de muerte (hasta 30 años), colaboración con banda armada (de 5 a 10 años), asesinato (de 15 a 20 años) y agresión sexual (de 6 a 12 años) son consideradas insuficientes para un 70, 71, 73 y 68% de los entrevistados, respectivamente. No obstante la mitad de los participantes en el muestreo califican como adecuada la condena por robo con fuerza, de uno a tres años.

Otro de los puntos analizados por el Observatorio ha sido la duración de los procesos judiciales. La gran mayoría de los españoles (entre un 60 y un 78%) considera que los procesos se prolongan durante demasiado tiempo en casos como un asunto penal grave, un divorcio, el cobro de una deuda o acciones por temas de urbanismo. No obstante, califican como "razonable" el tiempo que transcurre hasta la existencia de una sentencia firme en un juicio por despido, una media de tres meses.

Veremos a ver cómo tienen en cuenta estas opiniones nuestros políticos profesionales, para mi que "se las van a pasar" por donde todos nos lo estamos imaginando...

Jueces para la polémica

rociomendoza@ideal.es / MSR-INFO / José Chica

El juez de Paz de la localidad de Alhendín hace poco honor a la palabra que nombra su cargo. Ha sido condenado por un juez de Santa Fe a pagar una multa económica por enfrascarse en un altercado, amenazas incluidas, con dos policías locales del pueblo. Su moto, sin documentación y con una matrícula pintada a mano, le fue requisada durante un control de rutina. Esto desató la furia del juez de Paz, que no entendía cómo los agentes se atrevieron a aplicar la norma vigente a una autoridad como la que él representaba. El apartado de «hechos probados» de la sentencia recoge una frase que ilustra a la perfección esta actitud: «Como juez de Paz del pueblo puedo ir con la moto por todos los sitios esté o no en regla», dijo a los policías que lo denunciaron. 

La condena impuesta es del pago de 250 euros por una falta de altercado del orden público. 

Los hechos por los que ahora ha sido condenado el juez de Paz, Antonio Gálvez Jiménez, se remontan al pasado 29 de julio de 2008, cuando éste circulaba en un ciclomotor sin utilizar el casco reglamentario. Una pareja de agentes que controlaba el tráfico en la plaza Santo Cristo de la localidad le dio el alto. 

Cuando los agentes se aproximaron al ciclomotor, vieron que tampoco tenía placa de matrícula. Llevaba una pintada a mano. Por ello, solicitaron al conductor el permiso de conducir, el de circulación, etc. Así vieron que la moto «no tenía ningún tipo de documentación». Cuando los agentes se dispusieron a denunciarlo y a requisarle la moto, el juez de Paz reaccionó de la citada manera, al tiempo que gritaba a los agentes frases del tipo: «Quién os habéis creído que sois», «no sabéis lo que estáis haciendo» o «te voy a hundir». 

Ante la actitud, los policías locales pidieron ayuda a la Guardia Civil, cuyos agentes corroboraron la situación de absoluta ilegalidad en la que se encontraba la moto. Eso sí, tuvo que trascurrir una hora antes de que fuese convencido de que no podía volver a utilizar la moto. Antes de abandonar el lugar, gritó a uno de los agentes en tono amenazante: «ya te cogeré sin uniforme, la vida da muchas vueltas, te vas a enterar». 

El juez negó durante el juicio que circulara sin caso ni que amenazara al agente. Eso sí, reconoció que tuvo un «enfrentamiento verbal» con los policías porque él consideraba que estos habían cometido «una falta de respeto a la autoridad judicial». 

Esta versión contrasta con la del agente, al que el juez otorga toda la credibilidad sobre lo ocurrido aquel día. «Su versión resulta firme e inalterada a lo largo del procedimiento y especialmente durante el juicio», versa la sentencia del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Santa Fe, que aún no es firme y puede ser recurrida. 

De igual modo destaca la resolución judicial la coincidencia del agente con las palabras de su compañero, también testigo de los hechos. Por ello, concluye que el juez es culpable de la citada falta «al no existir dato alguno que nos permita dudar de la íntegra veracidad del testimonio policial». 

Esta gentuza (políticos, jueces, funcionarios de alto rango, etc.) aún continúan creyendo que esta por encima de la Ley. No hay nada más sonrojante que tener representantes de las llamadas "fuerzas vivas" con semejante catadura moral. Para colmo, no falta la clásica frasecita de "usted no sabe quién soy yo", tan típica de semejantes individuos, avergüenza más al ciudadano de a pie. Tengo amigos en la Guardia Civil, y me han contado casos verdaderamente escalofriantes con relación a la actitud altiva y chulesca de ciertos "elementos" que dicen trabajar por el contribuyente, cuando con actitudes como la este juez no demuestran ser más que chusma inmoral y carente del más mínimo escrúpulo. Triste pero cierto.

Juez (1.500 euros) VS Secretaria (Dos años suspendida de empleo y sueldo) ¿Justicia?

MSR INFO / WOLF

El Ministerio de Justicia ha sancionado con dos años de suspensión de empleo y sueldo a Juana Gálvez Muñoz, la secretaria judicial del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, el órgano que tardó más de dos años en ejecutar la sentencia firme que habría supuesto el encarcelamiento de Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortes, que murió en enero pasado.

El fallo se conoce la misma semana que el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, se reunió por segunda vez con los padres de la menor asesinada, a quienes reiteró su promesa de llegar hasta el final en la depuración de responsabilidades por esta negligencia. La resolución es recurrible en alzada, ante el propio ministerio, y luego en vía judicial.

El Gobierno ha marcado distancias con el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hace un mes se limitó a sancionar por estos mismos hechos al titular del juzgado, Rafael Tirado, con una multa de 1.500 euros, y ha elegido un castigo ejemplar para un asunto que desató una gran alarma social. El ministerio endurece de forma notable la sanción que le propuso el instructor del expediente disciplinario contra la secretaria Gálvez, que aconsejaba una suspensión, pero sólo de seis meses.

Por otra parte, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales considera que esta sanción pone de manifiesto que el Ministerio de Justicia ha buscado «un chivo expiatorio» al que dar «un escarmiento ejemplar».

Para los secretarios judiciales el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, «intenta contentar a la opinión pública ocultando las graves carencias de la Administración de Justicia para acallar voces y no molestar a nadie» su departamento «ha decidido dar un escarmiento ejemplar» a Gálvez, «aprovechándose de un durísimo régimen sancionador discriminatorio», dicen.

A mi juicio al que habría que suspender, es al ministro de Justicia, ya que están todos los Juzgados colapsados, por falta de personal, por falta de espacio físico y material. En cualquier juzgado de este país, se encuentran los legajos tirados por los suelos, al carecer de espacio físico, esa es la realidad, falta de personal. Y si faltaba algo cada día son las las causas en se enjuician y si no comprueben las cárceles como están, a cómo estaban hacen 10 0 15 años. Se han buscado un chivo expiatorio para contentar a la opinión pública. La cuerda siempre se rompe por la parte más débil. Es mejor expedientar a una secretaria judicial, es decir, una currante/a de a pie, en lugar de que asuman sus responsabilidades quienes tienen que hacerlo. Tenemos una justicia antediluviana y sin los medios adecuados para ser eficaz. ¿Cómo pueden aún no estar informatizados e interconectados? Faltan medios técnicos, falta personal, falta dinero, falta... vergüenza. El tema es serio.

La Audiencia de Burgos aplica la 'doctrina Parot' al "violador del ascensor"

Agencias / MSR-INFO

La Audiencia Provincial de Burgos acordó la aplicación de la 'Doctrina Parot' aPedro Luis Gallego, conocido como el violador del ascensor, condenado a 273 años de cárcel, quien en base a esta decisión por el momento no podrá salir de la prisión de Teixeiro (Coruña), que inicialmente anunció la salida del reo en el 18 de diciembre, tras la reducción de sus penas por beneficios penitenciarios.

Sin embargo, la Audiencia, en un auto fechado ayer mismo y que contra el que cabe recurso, decidió no aprobar la salida del preso el próximo mes de diciembre y aplicar el cómputo de las redenciones, ordinarias o extraordinarias, "en el cumplimiento sucesivo y siguiendo el orden de gravedad de las penas objeto de cumplimiento" de forma individual a cada una de ellas con un límite máximo de 30 años, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

De esta forma, Pedro Luis Gallego, condenado por el asesinato de la joven burgalesa Marta Obregón, en 1993, la muerte de la joven vallisoletana Leticia Lebrato, en 1992, y 18 violaciones más, no podrá salir de la cárcel hasta noviembre del año 2022.

La Sala de lo Penal de la Audiencia de Burgos tomó esta decisión tras conocer elinforme del Ministerio Fiscal, que se mostró partidario de aplicar la 'doctrina Parot', así como las alegaciones presentadas por la defensa del reo.

La "doctrina Parot" , es el nombre con el que se conoce la sentencia del Tribunal Supremo de España del 28 de febrero de 2006, por el que las redenciones de pena se aplicaran a cada una de las condenas que tenga el interno y no al cómputo de cumplimiento máximo que marca la Ley, que son 30 años. Esta doctrina, que se aplica a los delincuentes peligrosos y a los terroristas, les impide la reducción de condena por actividades como estudiar o hacer ejercicio y les obliga a permanecer en prisión el máximo que marca la ley. 

El sistema judicial español vuelve a buscarse una "triquiñuela legal" para que se haga justicia... curiosa paradoja. El hecho de que auténticos "monstruos" puedan quedar libres sin haber cumplido sus condenas debería hacernos reflexionar. ¿No sería mejor condenarles directamente a cadena perpetua? Suena "políticamente incorrecto", pero nos ahorraríamos sustos. Eso sí, ya que la cadena perpetua no tiene cabida en nuestra moderna, "progre" y permisiva sociedad, nos conformaremos con que se cumplan las penas íntegras, por ley. Nada de excarcelaciones a los 30 años; "personas" como el Señor Pedro Luis Gallego deben cumplir sus condenas "hasta que la muerte los separe".