Un centenar de vecinos de las calles Jaén, Tiziano y Dulcinea (en el distrito madrileño de Tetuán) pueden ser desalojados de sus viviendas en cualquier momento por orden de un juzgado de ejecuciones hipotecarias. Los afectados cedieron sus inmuebles a una constructora que, según ellos, los hipotecó sin su consentimiento. La empresa quebró y ahora el banco les reclama el dinero.
Los problemas comenzaron en la década de los noventa, cuando el Ayuntamiento de Madrid empezó el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) Tiziano-Dulcinea. Su objetivo era sustituir las viejas casas bajas en mal estado del barrio por nuevos bloques de viviendas.
Los vecinos se constituyeron en Junta de Compensación y cedieron sus casas. Parte de ellos las entregaron al Consistorio, pero otros se las vendieron a la inmobiliaria Courbasa, porque les ofrecía más dinero. La promotora pidió un préstamo de 70 millones de euros al Banco Pastor y, según los vecinos, hipotecó sus casas sin informarles.
Las antiguas viviendas fueron derribadas y hace dos años, cuando las familias fueron a sus nuevas casas se encontraron con que estaban hipotecadas y Courbasa había quebrado. Aunque el desahucio estaba previsto para el 21 de noviembre, un día antes recibieron un soplo de esperanza: una sentencia del Constitucional ordenó al juez que suspenda los desahucios.
Pese a este balón de oxígeno, ese día el barrio era un ir y venir de cajas. "Tenemos una gran sensación de desarraigo; nos hemos quedado sin fuerzas", explicaba ayer Begoña Fernández, una vecina de 38 años de la calle Jaén 23, mientras quitaba las cortinas de una de las habitaciones.
Como ella, el matrimonio formado por José Cano y Ana María Gallo, tenía su nueva casa de alquiler patas arriba. "Nos hemos mudado porque hemos tenido que vaciar el piso del que somos propietarios, por si nos desalojan".
Las escrituras, "ocultas"
Algunos de los afectados, constituidos en asociación han abierto más de 22 procedimientos judiciales contra la promotora y el Banco Pastor. «La justicia va muy lenta, pero las ejecuciones hipotecarias van muy rápido», según Susana Ochovo, portavoz de los vecinos. Los vecinos aseguran que la inmobiliaria ocultó las escrituras y las tasaciones, en las que se recogía que las familias eran las propietarias.
Es que esta gente no ha vendido su casa, han cedido el suelo donde tenían sus viejas casas a cambio de un casa nueva en un bloque donde la constructora vendería el resto de casas, pues ahora el que quiera acceder a su casa nueva tiene que pagarla, ahí está la estafa, que tienen que pagar por algo que legalmente es suyo. Pero lo que no tengo claro es quién ha estafado más, si la constructora al hipotecar las casas a nombre de los que han cedido el suelo o el banco por dar una hipoteca a nombre de una persona que ni siquiera estaba allí presente… Decidles que sois inmigrantes y que los bancos os embargan por criterios racistas. Decidles que sois negros, pero que os habéis blanqueado y ya está, os saldrán ONGs hasta de debajo de las piedras.
Los problemas comenzaron en la década de los noventa, cuando el Ayuntamiento de Madrid empezó el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) Tiziano-Dulcinea. Su objetivo era sustituir las viejas casas bajas en mal estado del barrio por nuevos bloques de viviendas.
Los vecinos se constituyeron en Junta de Compensación y cedieron sus casas. Parte de ellos las entregaron al Consistorio, pero otros se las vendieron a la inmobiliaria Courbasa, porque les ofrecía más dinero. La promotora pidió un préstamo de 70 millones de euros al Banco Pastor y, según los vecinos, hipotecó sus casas sin informarles.
Las antiguas viviendas fueron derribadas y hace dos años, cuando las familias fueron a sus nuevas casas se encontraron con que estaban hipotecadas y Courbasa había quebrado. Aunque el desahucio estaba previsto para el 21 de noviembre, un día antes recibieron un soplo de esperanza: una sentencia del Constitucional ordenó al juez que suspenda los desahucios.
Pese a este balón de oxígeno, ese día el barrio era un ir y venir de cajas. "Tenemos una gran sensación de desarraigo; nos hemos quedado sin fuerzas", explicaba ayer Begoña Fernández, una vecina de 38 años de la calle Jaén 23, mientras quitaba las cortinas de una de las habitaciones.
Como ella, el matrimonio formado por José Cano y Ana María Gallo, tenía su nueva casa de alquiler patas arriba. "Nos hemos mudado porque hemos tenido que vaciar el piso del que somos propietarios, por si nos desalojan".
Las escrituras, "ocultas"
Algunos de los afectados, constituidos en asociación han abierto más de 22 procedimientos judiciales contra la promotora y el Banco Pastor. «La justicia va muy lenta, pero las ejecuciones hipotecarias van muy rápido», según Susana Ochovo, portavoz de los vecinos. Los vecinos aseguran que la inmobiliaria ocultó las escrituras y las tasaciones, en las que se recogía que las familias eran las propietarias.
Es que esta gente no ha vendido su casa, han cedido el suelo donde tenían sus viejas casas a cambio de un casa nueva en un bloque donde la constructora vendería el resto de casas, pues ahora el que quiera acceder a su casa nueva tiene que pagarla, ahí está la estafa, que tienen que pagar por algo que legalmente es suyo. Pero lo que no tengo claro es quién ha estafado más, si la constructora al hipotecar las casas a nombre de los que han cedido el suelo o el banco por dar una hipoteca a nombre de una persona que ni siquiera estaba allí presente… Decidles que sois inmigrantes y que los bancos os embargan por criterios racistas. Decidles que sois negros, pero que os habéis blanqueado y ya está, os saldrán ONGs hasta de debajo de las piedras.
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