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El Ministerio de Justicia ha sancionado con dos años de suspensión de empleo y sueldo a Juana Gálvez Muñoz, la secretaria judicial del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, el órgano que tardó más de dos años en ejecutar la sentencia firme que habría supuesto el encarcelamiento de Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortes, que murió en enero pasado.
El fallo se conoce la misma semana que el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, se reunió por segunda vez con los padres de la menor asesinada, a quienes reiteró su promesa de llegar hasta el final en la depuración de responsabilidades por esta negligencia. La resolución es recurrible en alzada, ante el propio ministerio, y luego en vía judicial.
El Gobierno ha marcado distancias con el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hace un mes se limitó a sancionar por estos mismos hechos al titular del juzgado, Rafael Tirado, con una multa de 1.500 euros, y ha elegido un castigo ejemplar para un asunto que desató una gran alarma social. El ministerio endurece de forma notable la sanción que le propuso el instructor del expediente disciplinario contra la secretaria Gálvez, que aconsejaba una suspensión, pero sólo de seis meses.
Por otra parte, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales considera que esta sanción pone de manifiesto que el Ministerio de Justicia ha buscado «un chivo expiatorio» al que dar «un escarmiento ejemplar».
Para los secretarios judiciales el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, «intenta contentar a la opinión pública ocultando las graves carencias de la Administración de Justicia para acallar voces y no molestar a nadie» su departamento «ha decidido dar un escarmiento ejemplar» a Gálvez, «aprovechándose de un durísimo régimen sancionador discriminatorio», dicen.
A mi juicio al que habría que suspender, es al ministro de Justicia, ya que están todos los Juzgados colapsados, por falta de personal, por falta de espacio físico y material. En cualquier juzgado de este país, se encuentran los legajos tirados por los suelos, al carecer de espacio físico, esa es la realidad, falta de personal. Y si faltaba algo cada día son las las causas en se enjuician y si no comprueben las cárceles como están, a cómo estaban hacen 10 0 15 años. Se han buscado un chivo expiatorio para contentar a la opinión pública. La cuerda siempre se rompe por la parte más débil. Es mejor expedientar a una secretaria judicial, es decir, una currante/a de a pie, en lugar de que asuman sus responsabilidades quienes tienen que hacerlo. Tenemos una justicia antediluviana y sin los medios adecuados para ser eficaz. ¿Cómo pueden aún no estar informatizados e interconectados? Faltan medios técnicos, falta personal, falta dinero, falta... vergüenza. El tema es serio.
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